Qué es el impuesto de actos jurídicos documentados

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), comúnmente conocido como el impuesto de las hipotecas, se aplica sobre las escrituras notariales y abarca la legalización de diversos documentos, tanto notariales como mercantiles y administrativos. Lo gestiona cada una de las Comunidades Autónomas, por lo que depende de los sistemas de financiación que haya en cada una de ellas.

Por este motivo, es un régimen jurídico de gran complejidad, pero no te preocupes porque en este artículo te contamos todo lo que debes saber sobre este impuesto. ¡Vamos a ello!

¿Qué es el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados?

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es un tributo que se aplica en diversos países, como España, sobre la formalización de ciertos documentos legales ante notario. Estos documentos pueden incluir escrituras de compraventa, hipotecas, préstamos, constitución de sociedades, entre otros.

Este impuesto se calcula sobre la cuantía del documento notarial y puede variar según la naturaleza del acto jurídico que se esté formalizando. Por ejemplo, en el caso de las hipotecas, el AJD suele aplicarse sobre el importe del préstamo hipotecario.

En comparación con otros países de la Unión Europea, España suele tener una de las tasas más altas de este impuesto. En naciones como Francia, Italia o Portugal, el cliente asume el pago de esta tasa, mientras que países como Alemania, Reino Unido u Holanda no aplican este tipo de tributo.

Para tener en cuenta el impuesto a pagar, hay que prestar atención a la naturaleza jurídica que tenga el acto o el contrato liquidable, sin importar la denominación que se le haya dado por las partes implicadas. Se paga, además, cuando el acto o contrato ha tenido lugar.

En lo que respecta a su aplicación, se incluyen los actos jurídicos documentados que se formalizan dentro de España, así como aquellos que han sido formalizados en el extranjero, pero cuyo efecto tiene lugar en nuestro país, tanto si son jurídicos como económicos.

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Tipos de actos jurídicos

Ahora que ya sabes lo que es, hay que diferenciar sus tipos, pues no todos ellos figuran como actos jurídicos en el impuesto de la renta. Se clasifican en tres: notariales, mercantiles y administrativos.

Los documentos notariales son las escrituras, actas y testimonios notariales, y quien debe proceder con el pago del impuesto es la persona que adquiera el bien o el derecho, la que solicite el documento o aquella en cuyo interés se ha expedido. Y estas serán también quienes podrán deducirlos como actos jurídicos en el impuesto sobre la renta.

Para su pago se aplica una cuota fija y otra variable. En la cuota fija, el pago corresponde al coste del papel timbrado utilizado en la documentación. El papel timbrado es un tipo de papel especial que ha sido estampado o impreso con un sello fiscal como prueba del pago de un impuesto. En muchos casos, el papel timbrado puede considerarse como un impuesto en sí mismo, y su coste varía dependiendo del tipo y cantidad de papel utilizado en el documento.

Es importante destacar que este impuesto no se aplica a las copias simples de los documentos, sino únicamente a las originales o aquellas que tienen carácter de autenticidad.

La variable se aplica en las primeras copias de escrituras y de actas notariales, siempre y cuando el objeto valuable sean actos o contratos que puede inscribirse en los Registros de la Propiedad, en el Mercantil, de la Propiedad Industrial o de Bienes Inmuebles.

Los documentos mercantiles son las letras de cambio, los certificados de depósitos transmisibles, los documentos que actúen como pagarés de cambio, obligaciones, bonos o los títulos de deuda corporativa inferiores a 18 meses. También los documentos que funcionan como un giro o que incorporan un crédito que puede transmitirse o endosarse. Esta función de giro se refiere a la remisión de fondos de un lugar a otro o a una orden de pago.

El sujeto pasivo obligado al pago será el librador; es decir la persona o entidad que expida el documento. Sin embargo, hay una excepción, la de las letras de cambio expedidas fuera de España, cuyo responsable será el tenedor en nuestro país.

Los documentos administrativos son las escrituras de rehabilitación, las escrituras de transmisión de grandezas y títulos nobiliarios. Las transmisiones directas de títulos nobiliarios ocurren cuando se pasan de padres a hijos, o entre hermanos si al menos uno de los padres ha tenido el título. Si alguien quiere recuperar un título que se perdió, tiene que pagar impuestos, pero solo una vez. Quien recibe el título es quien tiene que pagar el impuesto, a menos que sean anotaciones en registros, en cuyo caso quien las pida será quien pague.

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Actos jurídicos en los impuestos de la renta

Todos los anteriores son actos jurídicos documentados, pero no todos ellos forman parte del modelo 100 de la declaración. Aquellos que pueden incluirse tienen que ver con los gastos de escritura de la compra y de la hipoteca, que como hemos visto, son documentos notariales. Así que si has comprado una vivienda y está hipotecada, estos son actos jurídicos que podrás deducir en tu declaración de la renta.

De acuerdo con lo que establece la Agencia Tributaria, junto con el importe de la hipoteca, forman parte también de la base de la deducción los gastos y los tributos que se han originado con la adquisición de la vivienda o bien aquellos de los que el adquiriente se ha hecho cargo.

No obstante, aquí conviene recordar una sentencia del Tribunal Supremo, a partir de la cual el prestamista es el que se hace cargo de las escrituras de los préstamos con garantía hipotecaria. Con anterioridad, era el prestatario quien debía cubrirlos, pero dado que su importe era muy elevado, las quejas presentadas lograron modificar la ley.

Así, los actos jurídicos en el impuesto sobre la renta que puedes deducir son los gastos de notario, gestoría, registro, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el IVA relativos a la compra. Y en lo que respecta a la hipoteca, también los cuatro primeros junto a los gastos de tasación de la vivienda.

Además, aunque no se consideran gastos deducibles directos, los actos jurídicos también se incluyen en las amortizaciones de los bienes inmuebles, siempre y cuando reflejen una depreciación real. Esto se cumple cuando no se excede el 3% del valor más alto entre el coste de adquisición o el valor catastral.

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