La fiscalización es un proceso que se realiza para comprobar si una actividad cumple con la normativa.
La fiscalización es un proceso que se realiza para comprobar si una actividad cumple con la normativa.
¿Qué significa fiscalización?
Consiste en hacer un análisis aportando los recursos necesarios para garantizar que una actividad cumple con la normativa vigente y está dentro de la legalidad.
De hecho, el verbo fiscalizar viene del control de alguien y el cumplimiento de las tareas fiscales, tal y como hace un fiscal.
Dentro del sector privado
En estos casos los motivos pueden ser distintos. Por ejemplo, por decisión interna de la propia empresa. Se hace cuando la dirección quiere verificar que las actividades se están realizando de forma correcta.
También la puede imponer el Estado. Las autoridades pueden recibir una denuncia o ver ciertas actividades que pueden llegar a ser un delito, y ordenan la fiscalización. En estos casos son los administradores de la empresa los que tendrán que justificar que la actividad empresarial se hace de acuerdo a la ley. Y si no es así... más te vale correr.
Dentro del sector público.
Se hace para mejorar el funcionamiento del sector público. Es un control que se tiene para gestionar sobre todo los fondos públicos, y que no se destinen a actividades que no son las propuestas.
Hay tres tipos de fiscalización dentro del sector público:
- De cumplimiento: se revisa que las acciones que lleve la empresa a cabo estén dentro de la legalidad y en regla.
- Financiera: en este caso se verifica la información financiera de la empresa.
- Operativa: se analizan cómo se llevan a cabo las operaciones de la empresa y la gestión de esta.
Puede darse la posibilidad de que se combinen los distintos tipos de fiscalización, y en ese caso hablaremos de fiscalizaciones de regularidad en general.
Cómo funciona en España
En España, esta función la lleva a cabo el Tribunal de Cuentas. Lo que hace es revisar y decir el resultado de la fiscalización, según las irregularidades que se haya encontrado. En el caso de encontrarlas, propone las actuaciones necesarias que habrá que adoptar.
Las revisiones se miran a nivel nacional y con detalle, se buscan declaraciones de impuestos que no se hayan pagado o irregularidades dentro de las empresas.
Dentro del sector público, el Tribunal de Cuentas revisa las Cuentas Generales del Estado para comprobar que no haya ninguna anomalía. Podrá revisar los contratos de la Administración y de otras Entidades públicas, ver el patrimonio del Estado, las transferencias, las ampliaciones de los créditos presupuestarios, etc.
Se dice que las funciones de este Tribunal son, por un lado, permanentes y por otro consuntiva. Permanente porque se alargan de forma continuada en el tiempo, y consuntiva porque pretenden dar un cierre definitivo a una resolución.
Normalmente se compone de un proceso de auditoría, en la que se revisa y se evalúan los documentos relacionados con la contabilidad y la gestión de la empresa. El resultado de esa investigación en el sector público se adjunta en una serie de informes que se exponen en las Cortes Generales, y posteriormente se publican en el Boletín Oficial del Estado.
Por último, os dejamos un ejemplo de uso de fiscalización. Una empresa que aparentemente no entrega sus facturas, el organismo correspondiente inicia un proceso de fiscalización para revisar ese impago de los impuestos.
Si durante la fiscalización al final se detecta que no se presentaron las facturas, el Estado actuará imponiendo una sanción. En cambio, si se demuestra que sí se han entregado, la denuncia queda como desestimada y no habrá ningún tipo de penalización.